México avanza en la incorporación de inteligencia artificial tanto en empresas como en el sector público, pero el crecimiento de estas herramientas abre una discusión paralela sobre ciberseguridad, protección de datos, responsabilidad humana y los límites que deberían establecerse para sistemas cada vez más autónomos.
La adopción empresarial ya muestra una expansión relevante. En junio de 2026, 48.5% de las empresas mexicanas con más de 100 trabajadores consultadas por el Banco de México reportó utilizar al menos una tecnología de inteligencia artificial. El propio Banxico advierte que el indicador no permite conocer todavía qué tan profundamente está integrada la IA en cada organización.
Además, buena parte de las empresas todavía se encuentra en una etapa donde el efecto económico de estas herramientas es limitado. Los resultados del banco central apuntan a que la adopción está creciendo más rápido que su impacto perceptible sobre productividad, ingresos o empleo.
El Gobierno amplía sus capacidades de inteligencia artificial
En el sector público, el Gobierno federal ha colocado la IA dentro de su estrategia de transformación digital. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones contempla entre sus objetivos desarrollar tecnología propia, fortalecer la soberanía tecnológica del Estado y contar con infraestructura nacional de supercómputo para procesar datos estratégicos.
Entre los proyectos se encuentran la Fábrica de Inteligencia Artificial, destinada a desarrollar soluciones para problemas públicos; el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial; y la supercomputadora Coatlicue. El Gobierno informó además que la Fábrica de IA ya trabaja en herramientas para atención ciudadana, modelos de riesgo y procesos relacionados con instituciones como el SAT, IMSS e IMPI.
El avance tecnológico también viene acompañado de una discusión sobre regulación. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que México necesita abrir un debate con especialistas, academia y ciudadanía para determinar qué aspectos de la inteligencia artificial requieren reglas específicas. Hasta ahora, el proceso permanece en construcción y existen distintas iniciativas legislativas sobre la materia.
La discusión cobra importancia conforme aparecen sistemas capaces de realizar tareas con menor supervisión humana, consultar información, interactuar con otras aplicaciones y ejecutar acciones de manera autónoma.
Gobernar los datos antes de ampliar la autonomía
Uno de los principales riesgos se encuentra en la información que utilizan estos sistemas. Si una organización no establece desde el diseño quién puede acceder a determinados datos, qué operaciones puede ejecutar un agente o qué información puede compartir, la automatización puede ampliar vulnerabilidades existentes.
Por ello, especialistas citados en el análisis original plantean que la ciberseguridad y la gestión de identidades deberían incorporarse desde las primeras etapas de cualquier proyecto de inteligencia artificial y no añadirse después como una capa independiente.
El Gobierno mexicano también ha comenzado a desarrollar criterios en esta dirección. La Declaración de ética y buenas prácticas presentada por la Secihti y la ATDT establece, entre otros principios, que las decisiones apoyadas por IA deben mantener responsables humanos, que los sistemas deben ser explicables y que los datos deben gestionarse con responsabilidad.
Estos principios adquieren especial importancia cuando la inteligencia artificial interviene en decisiones relacionadas con salud, finanzas, servicios públicos, identidad o derechos de las personas.
Regulación sin frenar la innovación
El desafío será encontrar un equilibrio entre aprovechar las capacidades de la IA y establecer mecanismos de control proporcionales a los riesgos.
Sheinbaum ha señalado que la regulación debe discutirse de manera amplia antes de definir sus alcances. El debate incluye asuntos como derechos de autor, uso de imagen y voz, contenidos generados artificialmente y responsabilidades derivadas del funcionamiento de estos sistemas.
Para las empresas, el reto también pasa por establecer políticas internas. La supervisión humana, el control de permisos, la trazabilidad de decisiones y una correcta gobernanza de los datos pueden convertirse en elementos tan importantes como la tecnología utilizada.
México tiene ya una adopción empresarial creciente y proyectos públicos orientados a desarrollar capacidades nacionales de inteligencia artificial. El siguiente paso será determinar cómo acompañar esa expansión con reglas, infraestructura de seguridad y mecanismos de responsabilidad capaces de evolucionar al mismo ritmo que la tecnología.
El debate ya no gira únicamente alrededor de cuánto puede hacer la inteligencia artificial, sino de quién decide qué puede hacer, con qué información y quién responde cuando el sistema se equivoca.
